por Verónica
La meta es que Chile crezca a niveles de 7% y de manera sostenida en los próximos años. La razón: esto nos sacaría por fin del listado de países en desarrollo, catapultándonos al elitista grupo de los países desarrollados.
Creo que este tema planteado sólo en términos de cifras disfraza una serie de ámbitos que son los claramente deseables: acceso a salud, alimentación, vivienda, educación, diversión; en fin, mejorar nuestra calidad de vida.
Bueno. Con eso en la mira, se ha establecido que el fomento a la innovación en las empresas es uno de los ejes de trabajo requeridos. En esa línea, instituciones como CORFO (http://www.corfo.cl), CONICYT (http://www.conicyt.cl) y FIA (http://www.fia.cl) ponen a disposición de empresas e instituciones tecnológicas, una serie de instrumentos (principalmente subsidios) para que éstas financien proyectos con una componente de innovación importante.
Por regla general, estos concursos incentivan la innovación a nivel de nuevos productos y/o procesos, y van desde apoyo para la constitución de la empresa (capital semilla), hasta el desarrollo, protección de propiedad intelectual (o patentes), comercialización, difusión, etc.
Sin embargo, uno de los grandes problemas en esta mirada es la falta de consenso respecto de la definición de innovación. Así, se puede llegar a que varios evaluadores, un panel o comité (sumando cada vez, un grupo de científicos y/o profesionales, chilenos o extranjeros) difieran en el real valor de lo que se está proponiendo, y generen en los postulantes la sensación de que cualquier ayuda no es más que una pérdida de tiempo y dinero.
Mientras tanto, las PyME siguen trabajando sin saber cuánto les cuesta producir, cuál es el nivel de endeudamiento óptimo, cómo optimizar sus inventarios, cómo llegar al cliente. Un empresario vitivinícola no sabe cuánto le cuesta cada botella de vino. Y un desarrollador de software, que es un genio para resolver problemas, administra con más buena voluntad que técnica sus carteras de proyectos.
El camino es largo.



Una serie de escándalos políticos están retrasando la competencia del wimax y, por ende, contribuyendo a su auge. El establecimiento de estándares depende del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), algunos de cuyos miembros recibían dinero de empresas y estados interesados en que se aprobara una u otra tecnología, fundamentalmente Qualcomm, propietaria de varias patentes.

